Opinión: Lo que molesta del alza de bencina
2026-04-14
Hace ya algunas semanas, las bencineras registraron filas inusuales. La razón era conocida: a la medianoche subiría el precio de la bencina en $370 por litro y el diésel en $580. Esa urgencia colectiva por llenar el estanque antes del alza dice algo sobre la relación de los chilenos con el Estado, aunque no exactamente lo que la conversación pública ha querido ver.
El mecanismo que desapareció —el MEPCO— no era un subsidio en el sentido clásico. No llegaba como bono ni como transferencia directa. Era un buffer: el Estado absorbía parte de la volatilidad del precio internacional del petróleo para que los precios en la bomba no fluctuaran tanto. Lo que se retiró esta semana es la protección al alza. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz la justificó con un argumento técnico: sostener el MEPCO costaba alrededor de $140 millones de dólares a la semana —recursos que, dijo, alcanzarían para resolver las listas de espera oncológicas en poco tiempo.
El argumento es razonable. Y aun así, no explica el malestar.
Para entenderlo, ayuda mirar los datos. En 2021, la Encuesta PAIS de DESUC preguntó a los chilenos qué impuestos deberían bajar. El 81% mencionó el impuesto a la bencina; el 66%, el diésel; el 58%, el IVA. Pero cuando se preguntó qué impuestos deberían subir, el 58% señaló las utilidades de las empresas, el 57% el alcohol y el 50% las emisiones de carbono. La lógica es consistente: los impuestos que deben bajar son los que yo pago; los que deben subir son los que paga otro. No es una postura política particular —atraviesa edades, niveles socioeconómicos e identificaciones políticas-.
Eso es individualismo, aunque raramente se nombre como tal. Y lo más interesante es que no se detiene donde uno esperaría. Quienes por otro lado defienden lo colectivo y el largo plazo —el medioambiente, la descarbonización, la justicia redistributiva— tampoco parecen entusiastas con el alza de combustibles, aunque una bencina más cara es exactamente la señal de precio que se necesita para reducir el consumo. La coherencia ideológica tiende a frenarse cuando el costo es personal.
La Encuesta Bicentenario UC, en sus 20 años de seguimiento, ha registrado que el 50% de los chilenos prioriza la igualdad social por sobre el crecimiento económico, pero el 42% cree que cada persona debe ser responsable de su propio bienestar. La tensión no se resuelve: se quiere un Estado que proteja a todos, financiado preferentemente por otros. El MEPCO era una de las formas concretas en que esa expectativa se sostenía.
El ministro Quiroz señaló además que el mecanismo era regresivo: quienes más vehículos tienen son quienes más se beneficiaban del precio estabilizado. El argumento técnico es correcto. Pero la conversación pública no reaccionó como si se estuviera discutiendo redistribución. Reaccionó como si se estuviera discutiendo una pérdida personal. Eso es lo revelador.
La discusión del MEPCO, entonces, no es solo fiscal. Apunta a algo más estructural: el tipo de Estado que los chilenos esperan y la contribución que están dispuestos a hacer para sostenerlo. Durante décadas, el Estado prometió que podía estabilizar riesgos, amortiguar costos, proteger del mercado. La gente le creyó, en parte porque le convenía creerle. Esa promesa tiene un costo que pocas veces se enuncia con claridad: alguien la financia.
El malestar observado en esta materia es hipocresía, aunque no en el sentido de mala fe deliberada. Es la lógica ordinaria del beneficio personal —tan extendida que no se percibe como ideología, sino como sentido común-. El problema es que esa lógica colisiona con cualquier proyecto redistributivo serio, incluidos los que cuentan con apoyo mayoritario en abstracto. Queremos Estado solidario. No queremos pagar por él, si podemos evitarlo.
Esa es la contradicción que el alza de bencina puso en la calle.
Cristián Ayala A.
Las opiniones expresadas son de responsabilidad personal del autor de esta opinión y no representan a la Dirección de Estudios Sociales UC.