Certeza jurídica y seguridad pública
2026-08-31
Inicio de estudio
¿Cómo influye la percepción sobre el funcionamiento de la justicia en las decisiones de inversión y emprendimiento? ¿Qué ocurre cuando las personas perciben que las reglas o las decisiones judiciales son poco predecibles? ¿Y de qué manera la inseguridad pública se relaciona con estas percepciones?
Estas son algunas de las preguntas que abordará el proyecto “Justicia, Certeza Jurídica y Seguridad Pública”, iniciativa liderada por el Programa de Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho UC, con la participación de la Dirección de Estudios Sociales UC (DESUC) y World Justice Project (WJP), y que cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF a través de un convenio de cooperación técnica.
El estudio busca generar evidencia empírica sobre la percepción de la certeza jurídica y la inseguridad pública en Chile y analizar cómo estos factores se relacionan con las decisiones económicas y de inversión.
Para responder estas preguntas se desarrollará una estrategia de investigación que combina revisión de literatura, investigación cualitativa y levantamientos cuantitativos, incorporando tanto la perspectiva de actores vinculados al ámbito judicial y económico como la de la población general.
¿Qué entendemos por certeza jurídica?
La certeza jurídica puede parecer un concepto reservado al mundo del derecho, pero sus efectos se relacionan con decisiones que personas y organizaciones deben tomar cotidianamente.
En términos generales, refiere a la posibilidad de desenvolverse bajo reglas conocidas, relativamente estables y aplicadas de manera consistente, permitiendo anticipar razonablemente las consecuencias jurídicas de las propias decisiones.
En este estudio, uno de los primeros desafíos será precisamente avanzar desde esa definición conceptual hacia dimensiones e indicadores que permitan observar y medir la certeza jurídica desde una perspectiva actitudinal.
Como punto de partida, el proyecto considera ámbitos como la predictibilidad del sistema jurídico, la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial, la independencia judicial y la protección efectiva de derechos.
Estas dimensiones permiten plantear preguntas concretas: ¿las leyes y regulaciones son percibidas como claras?, ¿existe consistencia en la interpretación judicial?, ¿cuánto influye el tiempo necesario para resolver una disputa?, ¿se percibe a los tribunales como independientes de presiones externas?, ¿existe confianza en que los contratos, derechos de propiedad e inversiones serán efectivamente protegidos?
Responder empíricamente estas preguntas permitirá comprender mejor cómo distintos actores experimentan y evalúan el funcionamiento del sistema de justicia.
Justicia, seguridad pública y decisiones económicas
El estudio incorpora además una segunda dimensión: la inseguridad pública, entendida tanto desde las condiciones objetivas asociadas a delitos, violencia o amenazas al orden social como desde la percepción de riesgo y falta de protección que pueden experimentar las personas.
La hipótesis que motiva la investigación es que ambos fenómenos pueden tener consecuencias que trascienden al sistema judicial.
Las decisiones de invertir, emprender, formalizar una actividad económica o desarrollar proyectos de largo plazo requieren determinadas expectativas sobre el entorno institucional. Por ello, conocer cómo empresarios, inversionistas, profesionales vinculados al sistema de justicia y ciudadanos perciben estas condiciones puede aportar nuevos antecedentes para comprender la relación entre justicia, Estado de Derecho y desarrollo económico.
El objetivo no será solamente describir esas percepciones, sino estudiar los mecanismos mediante los cuales podrían relacionarse con las decisiones económicas y generar evidencia que contribuya posteriormente a la discusión de políticas públicas.
Un estudio que combinará diferentes metodologías
Una de las principales características del proyecto será su enfoque metodológico mixto.
La investigación comenzará con una revisión de literatura especializada y evidencia comparada para precisar los conceptos involucrados y construir un marco conceptual que permita operacionalizar la certeza jurídica.
Sobre esta base se desarrollarán diferentes componentes de investigación.
Por una parte, el estudio contempla una etapa cualitativa mediante entrevistas en profundidad a actores clave, considerando perfiles relacionados con el sistema judicial y con la toma de decisiones económicas. Esta fase permitirá profundizar en experiencias, percepciones y mecanismos que difícilmente pueden comprenderse exclusivamente mediante preguntas cerradas.
A ello se sumarán instrumentos cuantitativos, destinados a estudiar sistemáticamente percepciones asociadas a certeza jurídica, funcionamiento de la justicia y seguridad pública, tanto entre actores vinculados a estas materias como entre población adulta residente en Chile.
La combinación de estas aproximaciones permitirá observar el fenómeno desde distintas perspectivas y contrastar los resultados obtenidos mediante diferentes fuentes de información.
Otro objetivo relevante será desarrollar herramientas metodológicas con potencial de replicabilidad internacional, de manera que la experiencia desarrollada en Chile pueda servir como base para futuras mediciones y comparaciones con otros países de América Latina.
El aporte metodológico de DESUC
La participación de DESUC estará concentrada especialmente en convertir las preguntas sustantivas del proyecto en una estrategia que permita producir evidencia empírica rigurosa.
Esto supone participar en distintas etapas del proceso: desde el diseño de instrumentos cualitativos y cuantitativos hasta el levantamiento, procesamiento, análisis y comunicación de los datos.
En el componente cualitativo, DESUC participará en el diseño de las pautas de entrevistas, la coordinación y realización del trabajo de campo y la posterior sistematización y análisis temático de la información.
En los componentes cuantitativos, su trabajo incluye el desarrollo y programación de cuestionarios, realización de pruebas piloto, implementación de los levantamientos, procesamiento y validación de las bases de datos, análisis de resultados y desarrollo de visualizaciones.
Esta combinación responde a una de las principales características del trabajo de DESUC: integrar distintas herramientas de las ciencias sociales para construir diseños metodológicos adecuados a las preguntas específicas de cada investigación.
El proyecto plantea, además, un desafío particularmente interesante desde el punto de vista metodológico: avanzar en la construcción de indicadores perceptuales de certeza jurídica que puedan ser estandarizados y eventualmente utilizados en otras jurisdicciones.
Una colaboración entre instituciones
El proyecto es liderado por el Programa de Reformas a la Justicia UC, iniciativa de la Facultad de Derecho UC creada en 2015 para contribuir a los procesos de modernización y reforma de la justicia chilena mediante investigación académica y aplicada, generación de contenidos, docencia y participación en el debate público. Desde este programa, Nicolás Frías será el responsable designado de la operación, y cuenta con el acompañamiento del académico Hernán Larrain, y la investigadora Magdalena Lira.
A esta experiencia jurídica y académica se suma la colaboración de World Justice Project (WJP), organización internacional independiente y multidisciplinaria especializada en la generación de conocimiento y datos sobre Estado de Derecho. Desde esta institución participará Horacio Ortiz, Senior Research de WJP, y Alejandro González, Director de Compromiso de WJP.
Entre sus principales iniciativas se encuentra el WJP Rule of Law Index, que actualmente estudia 143 países y jurisdicciones mediante encuestas a población general y expertos. Su marco analiza ocho grandes factores del Estado de Derecho, entre ellos ausencia de corrupción, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
El estudio cuenta, además, con el apoyo de CAF, institución multilateral orientada a promover el desarrollo sostenible y la integración regional mediante financiamiento, asistencia técnica y generación de conocimiento para el fortalecimiento de políticas públicas. Acompañará el proceso Pablo Uribe, consultor de CAF.
Desde DESUC estarán participando Cristián Ayala, Director de DESUC, Vicky Rojas, Subdirectora, y el equipo de profesionales que integran las áreas cualitativas y cuantitativas de esta institución. Y desde el Instituto de Sociología, participará el académico Andrés Biehl.